Estados Unidos lanzó una alerta urgente ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar el colapso total de Haití. Washington reclamó ayer viernes la renovación inmediata del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, conocida como GSF, que vence a finales de septiembre, y pidió a la comunidad internacional el envío de más tropas, policías, equipamiento y financiación para enfrentar la ola de violencia que azota al país caribeño.
La solicitud llega en un momento crítico, apenas días después de una nueva masacre que ha conmocionado a la nación. El pasado fin de semana, el 23 y 24 de agosto, bandas armadas atacaron la comuna de Kenscoff, al sureste de Puerto Príncipe, dejando al menos 47 muertos, entre ellos cinco menores de edad, y decenas de personas secuestradas. Según testimonios locales, 22 de las víctimas fueron ejecutadas dentro de una iglesia donde buscaban refugio.
La representante de Estados Unidos para Asuntos Políticos ante la ONU fue contundente: Los terroristas no pueden aterrorizar mientras roban a Haití su futuro. La diplomática condenó el ataque de Kenscoff y advirtió que las pandillas han intensificado su control territorial, pasando de dominar el 80 por ciento de la capital a expandirse hacia regiones como Artibonite, donde la violencia gana terreno cada día.
La Fuerza de Supresión de Pandillas, que reemplazó a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad liderada por Kenia, fue aprobada por el Consejo de Seguridad con el impulso de Estados Unidos y Panamá. La propuesta contempla un despliegue de hasta 5,500 efectivos uniformados, con un mandato más robusto y letal que el anterior. Sin embargo, la fuerza aún no está completamente desplegada y carece de los recursos necesarios para operar.
La situación humanitaria es devastadora. Según datos de la ONU, cerca de 200,000 personas fueron deportadas forzosamente a Haití en los primeros ocho meses de este año, a pesar de la crisis de seguridad. Muchas de estas personas regresan a barrios controlados por pandillas que les exigen pagos, las reclutan o las atacan. La ONU también denunció que no ha recibido información sobre investigaciones abiertas por las muertes y heridos causados durante operaciones de seguridad, incluidas aquellas que involucran a empresas militares privadas contratadas en el país.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que los incesantes ataques de las pandillas contra las comunidades y la pérdida de vidas ponen de manifiesto la alarmante situación de seguridad y refuerzan la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos para combatir a las pandillas.
Desde Haití, las voces también piden acciones más allá de lo militar. Expertos y funcionarios de derechos humanos instaron a la ONU a sancionar no solo a los líderes de los grupos armados, sino también a los políticos y oligarcas haitianos vinculados a las actividades criminales. Además, señalaron que el flujo de armas, principalmente procedente de Estados Unidos, debe detenerse, ya que es una de las principales raíces del problema.
La propuesta de Washington incluye la creación de una fuerza de eliminación de pandillas con mayor capacidad ofensiva, pero varios países miembros del Consejo de Seguridad han expresado dudas sobre la financiación y la sostenibilidad de la operación. La comunidad internacional se enfrenta a una encrucijada: actuar con contundencia ahora o permitir que Haití se hunda en un caos aún más profundo, con consecuencias migratorias y de seguridad para toda la región del Caribe y América Latina.