El Ministerio Público afirma que la decisión «porque fue adoptada con base en una errada interpretación de la norma»
El Ministerio Público apelará la decisión de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Jarabacoa que dispuso la libertad pura y simple de cuatro policías vinculados a la fuga de un narcotraficante que se encontraba detenido en una de las celdas del destacamento de este municipio.
La decisión de la jueza Juana Patricia Silvero dispone la libertad del segundo teniente Eury Amaury de la Rosa de los Santos, y los cabos Ángel Miguel Prenza Heredia, Brian Javier Méndez y José Ismael Pérez Adames, quienes fueron sometidos a la justicia por estar implicados en la fuga del capo Daniel Abreu.
El órgano del sistema de administración de justicia dijo que apelará la decisión,porque fue adoptada con base en una errada interpretación de la norma.
El Ministerio Público solicitó a la sala la imposición de un año de prisión preventiva y que el caso fuera declarado complejo.
Recordó que al momento en que ocurrió el caso, Abreu se encontraba detenido en el destacamento de Jarabacoa luego de que se le ocupara el pasado 11 de abril más de un kilo de cocaína, marihuana y crack, así como una pistola presuntamente ilegal y una alta suma de dinero en efectivo.
El Ministerio Público indicó en la solicitud de la medida de coerción que los agentes policiales fueron arrestados en flagrante delito el pasado 12 de abril, aproximadamente a las 8:30 de la noche, por asociarse para poner en marcha la acción criminal.
La medida de coerción depositada por el Ministerio Público en fecha 13 de abril de 2025, luego de varios aplazamientos solicitados por los abogados de los imputados, fue conocida el día 30 de abril de 2025.
Concluidos los debates, la jueza se reservó el fallo para el 1 de mayo de 2025, fecha en la cual dispuso la libertad de los imputados contra los cuales el Ministerio Público presentó evidencias suficientes que hacen sostener su vinculación con el hecho atribuido.
La fiscal titular de Jarabacoa, Viviana Mena, subrayó que «garantizar la seguridad jurídica es responsabilidad de todos» y reiteró el compromiso del Ministerio Público, «en evitar la impunidad de hechos tan bochornosos como estos».
