El expresidente peruano Pedro Castillo fue sentenciado este jueves a 11 años de prisión, tras un fallo emitido por el Poder Judicial de Perú que lo responsabiliza por los hechos ocurridos durante su intento fallido de disolver el Congreso en diciembre de 2022. La decisión marca un nuevo capítulo en una de las crisis políticas más intensas que ha vivido el país en los últimos años.
El tribunal determinó que Castillo incurrió en el delito de rebelión y abuso de autoridad, al anunciar por cadena nacional la disolución temporal del Parlamento, la reorganización del sistema judicial y la imposición de un gobierno de excepción. Minutos después de su anuncio, las Fuerzas Armadas y la Policía se negaron a respaldarlo, lo que llevó a su rápida detención.
Durante el proceso, la defensa del exmandatario alegó que Castillo actuó presionado por la “inestabilidad política” y por lo que calificó como una persecución constante en su contra. Sin embargo, los magistrados concluyeron que existieron pruebas suficientes que demostraban una intención deliberada de quebrar el orden constitucional.
Tras conocerse la sentencia, simpatizantes del expresidente se manifestaron en varias regiones del país, denunciando que el fallo responde a intereses políticos. Por su parte, organizaciones defensoras de la institucionalidad destacaron que la condena reafirma el compromiso del Estado con el respeto al marco democrático.
Castillo permanecerá en una prisión de máxima seguridad mientras continúan otros procesos abiertos en su contra, relacionados con presuntos actos de corrupción ocurridos durante su gestión. Entretanto, el gobierno peruano llamó a la calma y reiteró la importancia de respetar las decisiones judiciales para mantener la estabilidad social.
