La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, alertó que tanto los funcionarios públicos como los particulares implicados en corrupción administrativa o lavado de activos podrían enfrentar condenas de hasta 30 años de prisión, conforme a las disposiciones del nuevo Código Penal de la República Dominicana.
Durante una ponencia ofrecida en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Reynoso detalló que la nueva legislación endurece significativamente las sanciones para los delitos que comprometen los recursos del Estado, al establecer penas acumulativas en los casos donde se cometen varias infracciones simultáneamente.
Reynoso precisó que el cúmulo de penas entra en vigencia cuando una persona es acusada de varios delitos relacionados con la mala administración de recursos públicos, lo que provoca un incremento considerable en la condena total que podría recibir el imputado.
La procuradora destacó además que, con el nuevo Código Penal, el delito de corrupción adquiere carácter autónomo, lo que implica que cualquier acto intencional que perjudique el patrimonio del Estado podrá ser investigado y sancionado sin requerir conexión con otra infracción penal.
Reynoso subrayó además que la corrupción constituye un delito precedente del lavado de activos, por lo que si se comprueba que un individuo empleó fondos obtenidos de manera ilícita a través de actos corruptos para comprar bienes o propiedades, podrá ser acusado tanto de corrupción como de lavado de activos, acumulando así sanciones por ambos delitos.
