Tras admitir que las redadas contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos tienen un impacto negativo en la economía, el presidente Donald Trump habría decidido detener las operaciones masivas en sectores como la agricultura y la industria hotelera.
El presidente ha solicitado a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que detengan, en gran parte, las redadas y detenciones en sectores como la agricultura, la hostelería y los restaurantes. Así lo revela un correo electrónico interno y declaraciones de tres funcionarios estadounidenses consultados por The New York Times.
Según el informe, la directiva fue enviada el jueves por Tatum King, un alto cargo del ICE, a los responsables regionales del área de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), unidad encargada de las operaciones criminales, incluidas las inspecciones en lugares de trabajo.
La orden fue dirigida tanto a la división de investigaciones especiales (HSI) como al equipo responsable de la ejecución de órdenes de deportación (ERO).
El mensaje fue claro: “Desde hoy, se deben suspender todas las investigaciones y controles en sitios laborales relacionados con la agricultura (como acuicultura y empacadoras de carne), así como en restaurantes y hoteles”.
No obstante, se aclara que las investigaciones vinculadas a delitos graves como la trata de personas, el blanqueo de capitales o el narcotráfico dentro de estos sectores seguirán adelante.
Las nuevas directrices aclaran que, incluso en los casos donde se mantengan operativos como en investigaciones por delitos graves los agentes del ICE no están autorizados a efectuar detenciones “colaterales”, es decir, arrestos de inmigrantes indocumentados que no estén vinculados con actos delictivos, una práctica que era habitual según declaraciones previas del zar fronterizo Tom Homan.
“El personal no deberá arrestar a individuos indocumentados que no estén implicados en actividades delictivas”, señala el documento.
El reportaje del New York Times, basado en testimonios de tres funcionarios que pidieron anonimato, fue ratificado por la portavoz adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin.
“Vamos a acatar las órdenes del presidente y mantendremos nuestra misión de retirar de las calles a los delincuentes más peligrosos que se encuentran ilegalmente en el país”, afirmó McLaughlin.
Este giro en la política contradice instrucciones anteriores atribuidas al asesor principal de la Casa Blanca, Stephen Miller, y a la secretaria del DHS, Kristi Noem, quienes habrían presionado para que los agentes del ICE arrestaran hasta 3,000 personas diariamente y reforzaran las redadas en centros laborales.
El pasado 12 de junio, el presidente Trump admitió públicamente que estas redadas estaban perjudicando sectores económicos clave. Esa advertencia ya había sido formulada por organizaciones de derechos civiles, que con respaldo de estudios económicos han subrayado el valor que los inmigrantes indocumentados aportan al funcionamiento y crecimiento de la economía estadounidense.
