El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil dictó este jueves una condena de 27 años y tres meses de cárcel contra el expresidente Jair Bolsonaro, tras hallarlo culpable en el proceso judicial por el intento de golpe contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocurrido el 8 de enero de 2023.
Con los votos favorables de Cármen Lúcia y Cristiano Zanin, la Primera Sala del STF alcanzó una decisión mayoritaria de 4 a 1, lo que selló la sentencia contra el exmandatario. Junto a él también fueron condenados varios de sus aliados políticos y militares involucrados en la intentona.
Entre los sentenciados más influyentes destacan Walter Braga Netto, exministro de la Casa Civil y estrecho colaborador de Bolsonaro, condenado a 26 años de prisión en régimen cerrado; Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional y figura de peso en el sector militar; Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Mauro Cid, exayudante personal y testigo clave que aportó pruebas fundamentales, quien recibió una condena menor de 2 años en régimen abierto.
Se le atribuyeron múltiples delitos: intento de derrocar el orden constitucional, intento de eliminar por medios violentos el Estado Democrático de Derecho, pertenencia a una organización criminal armada, daño agravado y destrucción de bienes públicos o históricos.
Por primera vez en la historia del país, un exjefe de Estado ha sido condenado por participar en un intento de golpe de Estado. Los jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) aún deben leer oficialmente el fallo, y se prevé que el proceso judicial finalice por completo este viernes, según informó G1. Después de eso, la defensa tendrá la posibilidad de presentar apelaciones, las cuales deberán ser evaluadas por el tribunal antes de que las sanciones puedan hacerse efectivas.
Alexandre de Moraes, quien actuó como primer relator del caso en el STF, se pronunció el martes a favor de declarar culpable a Bolsonaro por todos los cargos formulados por el Ministerio Público. Las discusiones del tribunal continuaron durante el miércoles y el jueves. Por su parte, el magistrado Luiz Fux fue el único en oponerse al fallo mayoritario, alegando que el Supremo no tenía jurisdicción para resolver el caso y, además, que no existían pruebas suficientes para condenar al exmandatario por ninguno de los cinco delitos.
Tras conocerse la condena, el diputado Eduardo Bolsonaro —hijo del expresidente— pidió una “amnistía amplia, general e irrestricta” como única vía para “restablecer la paz en Brasil”. En un video difundido en redes sociales, el legislador de perfil conservador criticó duramente al magistrado Alexandre de Moraes, a quien acusó de encabezar una campaña de persecución política. “Queremos poner fin a estas cacerías judiciales y pasar la página”, afirmó.
Etapa decisiva del juicio
El 2 de septiembre comenzó la fase final del juicio ante el Supremo Tribunal Federal (STF), pero el expresidente no asistió alegando problemas de salud: según su abogado Celso Vilardi, padecía vómitos a causa de una esofagitis combinada con gastritis. Más recientemente, también solicitó permiso para someterse a un tratamiento dermatológico.
Esa audiencia marcó el inicio del tramo decisivo del proceso, en el que se determinó si Bolsonaro debía enfrentar una pena que podría superar los 40 años de cárcel. Durante varios días, el STF escuchó tanto las acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la República (PGR) como los argumentos de la defensa, para luego dar paso a la votación de los magistrados de la Primera Sala.
Los jueces que votaron fueron: Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin —todos ellos a favor del fallo condenatorio—, mientras que Luiz Fux se pronunció en contra. La sentencia se resolvió por mayoría simple.
Cómo se gestó el intento de golpe
Desde los comicios de 2022, el entonces presidente Bolsonaro y sus seguidores insistieron en denunciar, sin pruebas sólidas, un presunto fraude electoral. Alimentaron campañas de desinformación y sembraron dudas sobre la legitimidad del sistema democrático.
El 8 de enero de 2023, la situación escaló cuando miles de simpatizantes radicalizados invadieron edificios clave en Brasilia: el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto. Ese día quedó marcado como un punto de inflexión que expuso la gravedad de la intentona golpista.
Las investigaciones posteriores revelaron un entramado que incluyó reuniones con ministros, borradores de decretos de excepción, implicación de militares y exfuncionarios de alto nivel, así como maniobras para socavar tanto al Tribunal Electoral como al propio STF.
