Un juez federal aprobó el miércoles una solicitud de hábeas corpus presentada por Mahmoud Khalil y dictaminó que el gobierno de Donald Trump no puede continuar con los intentos de detenerlo, de acuerdo con una orden emitida por el tribunal.
El juez federal de Nueva Jersey, Michael E. Farbiarz, desestimó los argumentos legales presentados por el gobierno para mantener encarcelado y expulsar del país a Mahmoud Khalil, un activista vinculado a la Universidad de Columbia, abriendo la posibilidad de que sea liberado este mismo viernes.
Farbiarz concluyó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, utilizada por el secretario de Estado, Marco Rubio, como base para afirmar que la presencia o actividades de Khalil representan un riesgo para los intereses de la política exterior de Estados Unidos, no justifica su detención ni su deportación.
En su resolución, el juez señaló que “la Corte determina, de hecho, que la trayectoria y reputación de Khalil están siendo perjudicadas y que se le está impidiendo expresarse, lo cual constituye un daño irreparable”.
A pesar de considerar que la norma invocada por Rubio podría ser inconstitucional, Farbiarz suspendió temporalmente su propia orden hasta las 9:30 de la mañana del viernes, permitiendo así al gobierno presentar una apelación.
Esta resolución representa un revés para el intento del gobierno de Donald Trump de deportar a Khalil, quien tiene residencia permanente en EE. UU. y fue arrestado en marzo por su participación en manifestaciones en apoyo a Palestina en la Universidad de Columbia. Actualmente, Khalil permanece detenido en una instalación en Luisiana.
Se estima que el gobierno de Estados Unidos aún podría buscar la deportación de Mahmoud Khalil, alegando que omitió información como su vinculación con ciertas organizaciones al solicitar la residencia permanente, un argumento adicional que los abogados del Departamento de Justicia han utilizado para respaldar su detención.
Khalil fue el primero de varios estudiantes extranjeros arrestados este año como parte de una ofensiva de la administración Trump para regular los discursos dentro de los campus universitarios. Esta estrategia ha generado tensiones con instituciones como Harvard, a la que se le han retirado millones de dólares en fondos y se le ha prohibido, por ahora, inscribir a estudiantes internacionales.
