El hombre fue declarado culpable en marzo de 2004 por el estrangulamiento y apuñalamiento mortal de Rachelle Tolleson, de 20 añosen ese momento
Moisés Sandoval Mendoza, de 41 años, será ejecutado mediante inyección letal el miércoles por la noche en la Penitenciaría Estatal de Huntsville, Texas, por el horrendo asesinato de Rachelle O’Neil Tolleson, una joven madre del norte de Texas, ocurrido hace más de dos décadas.
Mendoza fue declarado culpable en marzo de 2004 por el estrangulamiento y apuñalamiento mortal de Tolleson, quien tenía 20 años al momento de su muerte.
La fiscalía probó durante el juicio que Mendoza secuestró a Tolleson de su hogar en Farmersville, dejando sola a su hija de tan solo seis meses de edad. Al día siguiente, la madre de Tolleson encontró a la bebé con frío y mojada, pero a salvo. El cuerpo de Rachelle fue descubierto seis días después cerca de un arroyo.
Las pruebas presentadas en el caso demostraron la brutalidad del crimen, revelando que Mendoza también quemó el cuerpo de Tolleson en un intento por eliminar sus huellas dactilares. Los investigadores debieron recurrir a registros dentales para lograr identificarla.
A menos de seis horas de la hora programada para su ejecución, las 06:00 pm, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden rechazando todas las apelaciones presentadas por Mendoza para detener la inyección letal. Tribunales inferiores ya habían denegado previamente sus solicitudes de suspensión. Asimismo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó el lunes la petición de Mendoza de conmutar su pena de muerte por una sentencia menor.
En su recurso ante la Corte Suprema, los abogados de Mendoza argumentaron que los tribunales inferiores le impidieron presentar el argumento de que se le había negado la asistencia efectiva de un abogado en etapas previas del proceso de apelaciones. Específicamente, alegaron que su abogado litigante no refutó un testimonio crucial de un oficial de detención, Robert Hinton. Este testimonio fue utilizado por la fiscalía para persuadir al jurado de que Mendoza representaría un peligro futuro para la sociedad, un requisito legal para imponer la pena de muerte en Texas.
Los defensores de Mendoza afirmaron que el oficial Hinton, quien trabajaba en la cárcel del condado donde Mendoza estuvo recluido tras su arresto, dio falso testimonio al declarar que Mendoza había iniciado una pelea con otro recluso. Los abogados sostienen que este otro recluso ahora afirma en una declaración jurada que creía que los agentes de detención querían que él provocara la pelea y que posteriormente recibió una recompensa por ello.
“No cabe duda de que el jurado estaba escuchando. Durante sus deliberaciones, el jurado preguntó específicamente sobre los actos delictivos de Mendoza durante su estancia en prisión, incluyendo la agresión a otro recluso”, señalaron los abogados de Mendoza en su petición a la Corte Suprema reseñada por AP. “Como lo demuestran las notas del jurado, existe una probabilidad razonable de que el error del abogado litigante al no investigar el testimonio de Hinton afectara el resultado”.
Sin embargo, la Procuraduría General de Texas argumentó ante la Corte Suprema que un tribunal federal inferior ya había determinado que el reclamo de Mendoza sobre asistencia letrada ineficaz era “infundado e insustancial”.
La fiscalía también señaló que, incluso si se hubiera eliminado el testimonio del oficial de detención, el jurado escuchó evidencia sustancial sobre la peligrosidad futura de Mendoza y su largo historial de violencia, especialmente contra mujeres, incluyendo agresiones físicas a su madre y hermana, y el abuso sexual de una menor de 14 años.
Finalmente, la Procuraduría General enfatizó la significativa demora de dos décadas en este caso, argumentando que “el interés público pesa fuertemente en contra de una suspensión. El Estado y las víctimas de delitos tienen un interés legítimo y poderoso en castigar a los culpables”.
Las investigaciones revelaron que, días antes del asesinato, Mendoza había asistido a una fiesta en la casa de Tolleson en Farmersville, ubicada a unos 72 kilómetros al noreste de Dallas. El día en que se encontró el cuerpo de la víctima, Mendoza confesó el crimen a un amigo, quien alertó a la policía, lo que llevó al arresto.
Según las autoridades, Mendoza confesó a la policía los detalles del brutal asesinato, admitiendo haber estrangulado repetidamente a Tolleson, haberla agredido sexualmente y haber arrastrado su cuerpo hasta un campo, donde la estranguló nuevamente y la apuñaló en la garganta. Posteriormente, trasladó el cuerpo a un lugar más remoto y lo quemó.
Con la ejecución de Mendoza, Texas se mantiene como el estado con el mayor número de ejecuciones de pena capital en la historia de Estados Unidos, sumando la tercera en lo que va del año y la decimotercera a nivel nacional.
