Santo Domingo, R.D.-El tráfico de haitianos se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos a lo largo de la frontera entre República Dominicana y Haití. A pesar de los refuerzos estatales en los puntos críticos, las autoridades han documentado la participación directa de militares y otros funcionarios en las redes de trata de personas. Esto ha desatado una serie de operaciones judiciales y nuevas reformas legislativas.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes presentó una serie de casos de trata de ilegales que involucra a civiles y militares.
Uno de los casos más notorios se desarrolla en el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Montecristi, donde se juzga a una red desmantelada durante la “Operación Frontera”. Esta organización introducía ilegalmente migrantes haitianos, en complicidad con cinco miembros del Ejército Dominicano, quienes facilitaban el paso a cambio de beneficios económicos.
Durante los allanamientos en Dajabón y Montecristi, se incautaron de motocicletas, armas, dinero en efectivo, computadoras y se liberaron 24 haitianos, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Los cabecillas, Eddy Rafael Cordero Villanueva y Osiris Rafael Estévez Fortuna, contaban con el apoyo logístico de militares que operaban en los chequeos fronterizos.
Otro caso trágico es el del sargento Francis Guzmán Martínez, acusado tras la muerte de 13 haitianos, incluidos una bebé y un niño. Esto, cuando el vehículo en que eran transportados cayó a un canal de riego. A Guzmán se le vincula con una red transnacional de tráfico humano junto a otros 17 miembros.
Operación máscara de Janus
Asimismo, en la operación “Máscara de Janus”, se arrestó al capitán de la FARD Domingo Ureña Rodríguez, por falsificación de permisos de trabajo temporales para nacionales haitianos. La investigación reveló una red operando desde Puerto Plata, en coordinación con instancias de inteligencia de la Fuerza Aérea.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes ha señalado que el tráfico se realiza mediante autobuses, yipetas y hasta camiones, en rutas que conectan la frontera norte con Santiago y otras provincias del país. Las tarifas por persona oscilan entre RD$8,000 y RD$17,000, dependiendo de la distancia, con pagos que promedian los US$400.
Reforma congresual
La frecuencia de estos casos ha forzado al Congreso Nacional a actuar. Recientemente, el Senado aprobó en segunda lectura la reforma a la Ley 137-03, estableciendo sanciones de 20 a 25 años de prisión por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La modificación incluye la imprescriptibilidad del delito, inhabilitación de hasta 20 años para funcionarios reincidentes, y se agrega como agravante la participación de actores políticos, judiciales y religiosos.
Pese al endurecimiento de las penas, analistas como Pelegrín Castillo cuestionan la falta de aplicación efectiva de las leyes existentes. “Los expedientes no avanzan, y la justicia actúa con venialidad”, denunció el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista.
Mientras tanto, el Ejército continúa realizando detenciones de civiles y militares implicados, como ocurrió recientemente en Azua y San Juan, donde se interceptaron vehículos con hasta 18 haitianos a bordo, algunos bajo custodia de sargentos activos. En un caso viral, un civil acusó públicamente a militares de cobrar RD$20,000 para liberar a indocumentados.
Estos episodios revelan la magnitud de un problema estructural, donde las mafias de tráfico humano operan con el amparo —y, en ocasiones, la complicidad— de quienes deben proteger la soberanía nacional.
