El gobierno de Trump recurre a la Corte Suprema para intentar despojar del Estatus de Protección Temporal a los migrantes venezolanos
El gobierno de Donald Trump solicitó el jueves a la Corte Suprema que intervenga en su esfuerzo por poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a unos 600,000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
La solicitud de emergencia busca levantar el fallo de un juez federal de distrito con sede en San Francisco que detuvo los planes de la administración mientras avanza un desafío legal, y esa decisión judicial encontró que el cambio abrupto de política “huele a racismo”.
En el documento legal, la Administración argumenta que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de EE.UU. y que los tribunales no tienen la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.
El TPS es un programa migratorio gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y que da un estatus migratorio a las personas de países que están atravesando situaciones humanitarias graves o desastres naturales.
Poco después de asumir el poder en enero, el gobierno de Trump decidió acabar con el TPS para los venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y criminales.
La Alianza Nacional TPS y siete venezolanos protegidos por el programa están demandando contra la medida de la administración, alegando que estuvo motivada en parte por animadversión racial y no siguió el procedimiento adecuado.
A finales de marzo, un juez federal en California decidió bloquear el intento del Ejecutivo por acabar con el TPS, alegando que la decisión causa un “daño irreparable” a los miles de migrantes que se han acogido al programa y sus familias.
Bajo la Administración de Joe Biden (2021-2025), el secretario de Seguridad Nacional (DHS) decidió extender este beneficio a los venezolanos, argumentado que el país está pasando por una “emergencia humanitaria” causada por una crisis política y económica.
La decisión fue celebrada entonces por varios legisladores del partido de Trump, incluyendo el entonces senador Marco Rubio, ahora secretario de Estado.
Durante años, y especialmente durante el primer mandato de Trump (2017-2021), los políticos conservadores en EE.UU. abanderaron la causa venezolana, presionando para que se impusieran sanciones económicas y se le extendieran beneficios migratorios a las personas que han huido del país, en la que es ahora la mayor diáspora del continente.
El giro del gobierno de Trump, que ha ido detrás de los venezolanos en EE.UU. vinculándolos con la pandilla Tren de Aragua, ha provocado críticas entre activistas de Venezuela en EE.UU.
