Exdirector del FBI niega acusaciones por mentir y obstaculizar la justicia

El exdirector del FBI, James Comey, se declaró no culpable este miércoles de los cargos de declaración falsa y obstrucción a la justicia, presentados en su contra por su papel en la investigación sobre los supuestos vínculos entre la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y el Gobierno ruso.

Durante la audiencia celebrada en un tribunal federal de Alexandria (Virginia), la defensa de Comey presentó formalmente la declaración y solicitó un juicio con jurado, programado para el 5 de enero de 2026.

Su abogado, Patrick Fitzgerald, anunció que presentará dos mociones para pedir la desestimación del caso, argumentando que se trata de una “persecución política maliciosa y selectiva” promovida por el Gobierno de Trump. Además, cuestionó la legalidad del nombramiento de la fiscal federal interina que impulsó la acusación.

Comey, quien dirigió el FBI entre 2013 y 2017, fue destituido por Trump en medio de tensiones por la investigación sobre la injerencia rusa, un episodio que marcó uno de los momentos más controversiales del inicio de aquella administración.

Comey fue autorizado a permanecer en libertad sin condiciones tras su comparecencia inicial, una audiencia que se desarrolló sin incidentes y que, según medios estadounidenses, fue adelantada un día por razones de seguridad.

La sesión, de carácter breve, permitió al exdirector del FBI evitar medidas restrictivas mientras continúa el proceso judicial en su contra, que ha reavivado el debate político sobre la independencia del sistema judicial y las tensiones heredadas del gobierno de Donald Trump.

En caso de ser hallado culpable, Comey podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión, aunque expertos legales y exfiscales consideran que la fiscalía tendrá dificultades para sostener el caso.

Por su parte, Donald Trump celebró públicamente la imputación, describiendo al exdirector del FBI como un “policía corrupto”. Aun así, el expresidente negó que se trate de una represalia personal, asegurando que el proceso busca “hacer justicia y restaurar la confianza en las instituciones”.

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