Escucha la noticia completa
Dijo que la jueza Patricia Padilla se ha mostrado con «abierta parcialidad» en favor de los imputados, favoreciendo a Gómez con permisos fuera del país, pese a su impedimento de salida
El Ministerio Público recusó este miércoles a la jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Patricia Padilla, por su «abierta parcialidad» en la audiencia preliminar contra Hugo Beras, José Gómez y otros implicados en la presunta red de corrupción que estafó al Estado dominicano mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos para el Gran Santo Domingo.
El organismo persecutor informó en una nota de prensa que el fiscal litigante Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que el Ministerio Público procedió con la recusación sobre la base de la «parcialidad manifiesta a favor de los imputados».
Indicó que la jueza se ha mostrado con «abierta parcialidad» en favor de los imputados del proceso, principalmente con Gómez, a quien ha dado «permisos injustificados» para viajar a Disney World, a Panamá y otros destinos, pese a su impedimento de salida.
De igual forma, indicó que Padilla ordenó la devolución de armas de fuego que estaban en poder de Gómez, pero a nombre de terceros.
«Contradiciendo decisiones anteriores de otros casos en los que, bajo circunstancias similares, no concedió los mismos privilegios», señaló tras salir de audiencia el representante de la Pepca.
Además, denunció una «grave violación» al principio de separación de funciones, señalando que la jueza «ha intentado limitar el alcance de la investigación del Ministerio Público al afirmar que los acusados no están siendo investigados por lavado de activos, cuando esa imputación forma parte del proceso desde sus inicios».
Con la recusación, los fiscales buscan que la jueza Patricia Padilla sea apartada de la etapa preliminar del caso.
«Confiamos en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ponderará de manera objetiva los argumentos expuestos por el Ministerio Público«, expresó el fiscal Pérez Fulcar.
Recusada en otro caso
La jueza Patricia Padilla fue recusada en dos ocasiones en 2024 por las defensas de los exfuncionarios José Ramón Peralta y Donald Guerrero, acusados de corrupción administrativa. En la ocasión, Guerrero alegó «actitudes deliberadamente parciales», que estarían «obstruyendo el derecho a la defensa». De su lado, Peralta la recusó por «faltas graves».
En el caso de Guerrero, la corte rechazó la recusación, y en cuanto a Peralta, la Primera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, designó a la magistrada Ana Lee Florimón, recusada luego por el Ministerio Público y también apartada del proceso, por lo que esta fue sustituida por Franchesca Potentini.
Alegada red de corrupción
Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., que tenía un contrato para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral de la red semafórica; y otros implicados son señalados de pertenecer a una presunta red de corrupción y crimen organizado.
Esta red estaría dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Otros imputados
Por el caso, también son imputados Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant y Carlos José Peguero Vargas.
Allanamientos
Durante la operación puesta en marcha contra la supuesta estructura delictiva el Ministerio Público allanó residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana.
En las acciones participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
El Ministerio Público dijo que en los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones y calificó la operación contra esta estructura delictiva como una de las «más exitosas» contra el crimen organizado.