La fiscal federal interina para el distrito de Nueva Jersey acusó al alcalde Ras Baraka de intentar ponerse por encima de la ley. «Eso no será tolerado»
Un portavoz del alcalde citado por NBC confirmó la detención a manos de agentes federales, pero no ofreció mayores detalles sobre el procedimiento. Sin embargo, la fiscal federal interina para el distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, aseguró en su cuenta de X:
“El alcalde de Newark, Ras Baraka, incurrió en allanamiento de morada e ignoró múltiples advertencias de Investigaciones de Seguridad Nacional para que se retirara del centro de detención de ICE en Newark, Nueva Jersey, esta tarde. Ha optado voluntariamente por ignorar la ley. Eso no se tolerará en este estado. Ha sido puesto bajo custodia. Nadie está por encima de la ley”.
Testigos presenciales aseguraron que el arresto se produjo tras una confrontación con agentes federales. Viri Martínez, activista de la Alianza de Nueva Jersey para la Justicia de los Inmigrantes, relató a la cadena de noticias que la tensión aumentó cuando le impidieron a Baraka entrar a la instalación junto a los representantes Robert Menéndez, LaMonica McIver y Bonnie Watson Coleman.
“Los agentes comenzaron a intimidar y a ponerles las manos encima a las congresistas. Hubo gritos y empujones (…) Entonces los oficiales rodearon a Baraka. Tiraron al suelo a uno de los organizadores. Le pusieron esposas a Baraka y lo subieron a un coche sin distintivos“, dijo Martínez.
La organización Immigration Hub denunció que Baraka se había unido a congresistas y activistas locales para alertar sobre el papel del centro en una “operación de desapariciones masivas“ que desestabiliza comunidades en todo el estado.
“El alcalde Baraka apoyó a su comunidad, exigiendo respuestas sobre un acuerdo de detención multimillonario que ya está destrozando familias. Por ello, fue tratado como una amenaza. El pueblo estadounidense necesita comprender lo que está sucediendo: no es un caso aislado“, expresó el grupo.
Un acuerdo de $1,000 millones de dólares
Ras Baraka se ha opuesto a la reapertura del centro, reactivado tras un acuerdo de $1,000 millones de dólares entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Grupo GEO. El acuerdo, firmado en febrero, contempla un contrato de 15 años para operar el centro de detención, que tendría capacidad para 1,000 camas y está ubicado junto a una prisión del condado.
De acuerdo con el medio, se ha argumentado que la instalación carece de los permisos necesarios y ha demandado al Grupo GEO por esta razón.
El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo estar indignado por lo que calificó como un “arresto injusto” y afirmó que el alcalde es un servidor público ejemplar que siempre ha defendido a los más vulnerables. “Exijo su liberación inmediata por parte de las fuerzas del orden federales”, expresó.
