La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración expresó su preocupación por la decisión de la Corte Suprema de permitir que el gobierno de Trump esquive su responsabilidad constitucional de garantizar el debido proceso a personas extranjeras que enfrentan la expulsión hacia países con los que no tienen vínculos previos.
Jeff Joseph, presidente de dicha asociación que representa a más de 16,000 abogados especializados en temas migratorios, alertó que esta medida abre la puerta a deportaciones encubiertas, incluso hacia naciones consideradas peligrosas.
Por su parte, la organización America’s Voice, que promueve una reforma migratoria para regularizar a los más de once millones de personas sin documentos en Estados Unidos, también cuestionó la decisión del alto tribunal, que autoriza reanudar los traslados forzosos de migrantes a terceros países como El Salvador o Sudán del Sur.
La entidad señaló que esta medida se suma a otras estrategias agresivas implementadas por el gobierno, como el uso de agentes de ICE sin identificarse, que han estado arrestando con violencia a estudiantes, trabajadores, miembros de la comunidad e incluso a ciudadanos estadounidenses.
Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America’s Voice, advirtió que ahora las personas no solo podrán ser detenidas sin aviso en las calles, sino que además podrían ser enviadas sin protección legal a países considerados de alto riesgo.
La resolución de la Corte Suprema también generó repercusión a nivel internacional, ya que dejó sin efecto una orden previa de un juez federal que bloqueaba la deportación de ocho personas hacia Sudán del Sur, entre ellas se encontraban dos ciudadanos cubanos y uno mexicano.
El magistrado Brian Murphy, del estado de Massachusetts, había concluido el mes anterior que el gobierno de Trump incumplió una disposición judicial que le prohibía enviar a esos inmigrantes a un país donde podrían ser sometidos a tortura, sin antes otorgarles una oportunidad adecuada para ejercer su defensa legal.
