El Ministerio Público llevó a cabo un interrogatorio a Gregory Adamés, considerado un testigo fundamental y víctima en el caso de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set. Según declaró, él había advertido previamente que el techo del establecimiento presentaba señales de un posible colapso y que no era prudente llevar a cabo la fiesta prevista para esa noche.
Adamés, quien se desempeñaba como encargado de logística y reservas en el local, se presentó en la Procuraduría General de la República junto a sus representantes legales, Luis Andrés Aybar y Plinio Pina. En el lugar, fue atendido por fiscales pertenecientes a la Dirección de Persecución del Ministerio Público, bajo la supervisión de Wilson Camacho.
Durante su comparecencia, Adamés también interpuso una querella formal, constituyéndose como actor civil contra Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, así como contra las compañías Inversiones E y L y Club Jet Set.
Dentro del conjunto de pruebas presentadas se encuentra un teléfono celular que contiene videos y mensajes intercambiados con Antonio Espaillat. A pesar de las advertencias registradas, Espaillat habría dado la orden de seguir adelante con la celebración del evento como estaba planificado.
El espectáculo fue encabezado por Rubby Pérez, quien perdió la vida en el colapso, junto con más de doscientas personas. Gregory Adamés, uno de los que logró sobrevivir, también resultó herido, al igual que aproximadamente 180 asistentes.
Aumenta la presión judicial
Las acciones judiciales contra los responsables de la discoteca Jet Set continúan en ascenso. Este martes, la Fiscalía del Distrito Nacional contabilizó 68 querellas y denuncias vinculadas al trágico suceso. Algunas de estas también apuntan al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional, alegando negligencia en la supervisión y control estructural del establecimiento.
Los demandantes aseguran que ya existían fallas estructurales conocidas y afirman que la instalación de maquinaria pesada sobre el techo fue un elemento clave en el desplome.
De igual forma, varios involucrados en el proceso sostienen que el Ministerio Público debe proceder con una acción penal directa contra Antonio Espaillat, comenzando con su citación e interrogatorio. Cuestionan que, hasta el momento, no se haya iniciado ninguna investigación formal en su contra, lo cual consideran una omisión grave que podría afectar la confianza en el sistema judicial.
