NUEVA YORK.- La crisis de personal en las cárceles de Nueva York, luego de que 2.000 oficiales de seguridad fueran despedidos el pasado marzo tras una huelga, ha llevado al Departamento de Prisiones del estado a dar un paso para liberar a 766 reos y reducir así la presión sobre los centros.
Sin embargo, hasta ahora solo 151 han podido salir debido a que son los únicos que cumplieron con los criterios establecidos para poder abandonar los penales, informaron este martes medios locales.
De acuerdo con una lista de posibles reos elegibles para salir de prisión, elaborada por el departamento, de los que estaban en sus últimos 110 días privados de libertad, solo 151 fueron trasladados a centros residenciales donde siguen bajo supervisión, previo a dar el paso de mudarse a casas privadas o apartamentos.
Un total de 404 fueron descalificados porque carecían de un lugar donde vivir cuando se marcharan del centro, según indicó la portavoz de Prisiones, Nicole March, al diario The City, que señala además que otros, docenas, fueron rechazados porque tenían órdenes de arresto pendientes.
Las 151 personas representan el 0,4 % de la población carcelaria que, según registros estatales, era de 38,837 al 24 de abril, destaca el medio.
El comisionado de Prisiones, Daniel Martuscello, informó en un memorando el pasado 31 de marzo «la intención de trasladar a las personas de las instalaciones de confinamiento general a un complejo fuera en vista de la actual crisis de personal».
Explicó en el documento que el grupo estaría compuesto por personas acorde a varios requisitos legales; que no estén cumpliendo una condena relacionada con drogas, un delito grave violento o un delito sexual, y que tengan una residencia aprobada identificada, que no sea un refugio, y esté dentro de los 15 a 110 días de su fecha de liberación aprobada.
El pasado marzo, guardas de una treintena de prisiones del estado decretaron una huelga reclamando mejores salarios y condiciones de trabajo y en rechazo a la ley que limita el uso del confinamiento solitario, lo que llevó a la gobernadora Kathy Hochul a movilizar a 3,500 miembros de la Guardia Nacional para apoyar con tareas en prisiones.
Tras un acuerdo que puso fin a la huelga, unos 2,000 guardias no retornaron a sus puestos de trabajo por lo que fueron despedidos, agravando la falta de personal que ya existía en las prisiones, donde continúa la presencia de la Guardia Nacional.
