Florida ha dado a su policía poder para cuestionar el estatus legal de los residentes
Autoridades de Inmigración en colaboración con la policía estatal de Florida han desarrollado un operativo a gran escala dirigido a detener esta semana a unos 800 indocumentados que residen en ese estado, según informó este miércoles el periódico Miami Herald.
El operativo, que comenzó el lunes pasado y se extenderá hasta el sábado, representa el primer esfuerzo coordinado de control migratorio de agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) con la policía de Florida.
Las redadas se estarían llevando a cabo en los condados de Miami-Dade y Broward, y en las ciudades de Tampa, Orlando, Jacksonville, Stuart, Tallahassee y Fort Myers, según documentos citados por el rotativo.
Las autoridades migratorias se han enfocando en detener a “delincuentes o infractores de inmigración” con órdenes de deportación finales.
Florida, con el gobernador Ron DeSantis a la cabeza, se ha convertido en uno de los principales socios del Gobierno del presidente Donald Trump y su plan de deportaciones masivas.
Leyes endurecen condiciones
En febrero pasado, DeSantis firmó dos amplias leyes que endurecen las condiciones de los inmigrantes irregulares y facilitan en este estado la aplicación de la agenda migratoria del mandatario estadounidense.
Las iniciativas establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación de la ley más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes.
Florida ha dado a su policía poder para cuestionar el estatus legal de los residentes. Sin embargo, esta medida ha generado críticas por el perfil racial que puede generar.
Un ejemplo de esto fue el arresto la semana pasada de Juan Carlos López Gómez, de 20 años, un ciudadano estadounidense al que un agente de la Patrulla de Caminos de la Florida arrestó por supuestamente ser indocumentado.
El joven fue detenido cuando viajaba como pasajero en un vehículo que ingresó al estado desde Georgia.
López Gómez tuvo que presentarse frente a un juez y no fue liberado sino hasta que su madre presentó su certificado de nacimiento.
