Varios estudiantes internacionales a quienes les han revocado la visa en las últimas semanas han presentado demandas contra el gobierno de Donald Trump, alegando que se les negó el debido proceso al retirarles de forma repentina su permiso para estar en Estados Unidos.
Desde mediados de marzo, al menos 901 estudiantes de 128 escuelas superiores y universidades han visto sus visas revocadas o su estatus legal cancelado, según una revisión de The Associated Press de declaraciones universitarias y correspondencia con funcionarios escolares.
Las acciones del gobierno federal para terminar con el estatus legal de los estudiantes han dejado a cientos de académicos en riesgo de ser detenidos y deportados.
Sus centros educativos van desde universidades privadas como Harvard y Stanford hasta grandes instituciones públicas como la Universidad de Maryland y la Universidad Estatal de Ohio, e incluso algunas pequeñas universidades de artes liberales.
En demandas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los estudiantes argumentaron que el gobierno carecía de justificación para cancelar sus visas o revocar su estatus legal.
¿Por qué cancela el gobierno las visas?
Las visas pueden cancelarse por varias razones, pero las universidades dicen que algunos estudiantes están siendo señalados por infracciones tan leves como faltas de tráfico, incluidas algunas cometidas hace mucho tiempo. En algunos casos, los afectados dicen que no está claro por qué fueron seleccionados.
«El momento y la uniformidad de estas cancelaciones dejan pocas dudas de que el DHS ha adoptado una política nacional, escrita o no, de cancelación masiva del estatus (legal) de los estudiantes«, escribieron los abogados de ACLU de Míchigan en una demanda presentada en nombre de estudiantes de la Universidad Estatal de Wayne y la Universidad de Míchigan.
En Nueva Hampshire, un juez federal emitió la semana pasada una orden de restricción en el caso de un estudiante chino de ciencias de la computación en el Dartmouth College, Xiaotian Liu, a quien el gobierno le había revocado su estatus. Los abogados han presentado recursos similares ante tribunales federales en Georgia y California.
Funcionarios de Seguridad Nacional no respondieron a un mensaje solicitando comentarios.
En algunos casos de alto perfil, incluida la detención del activista de la Universidad de Columbia Mahmoud Khalil, el gobierno de Trump ha argumentado que debería permitirse la deportación de personas que no tienen la nacionalidad por su participación en actividades propalestinas. Pero en la gran mayoría de los casos de cancelación de visas, las universidades dicen que no hay indicios de que los estudiantes afectados hayan participado en protestas.
«Lo que están viendo que sucede con los estudiantes internacionales es realmente una parte del escrutinio mucho mayor que la administración Trump está ejerciendo sobre inmigrantes de todas las categorías», apuntó Michelle Mittelstadt, directora de asuntos públicos en el Instituto de Política Migratoria.
¿Cómo funcionan las visas de estudiante?
En otros países, los estudiantes deben cumplir una serie de requisitos para obtener una visa de estudiante, generalmente una F-1. Tras ser admitidos en una escuela en Estados Unidos, los candidatos pasan por un proceso de solicitud y entrevistas en una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero.
Los estudiantes con una visa F-1 deben demostrar que tienen recursos económicos suficientes para cursar sus estudios en Estados Unidos. Deben mantener una buena conducta académica y, en general, tienen limitaciones para trabajar fuera del campus durante su programa académico.
Las visas de entrada son gestionadas por el Departamento de Estado. Una vez están en Estados Unidos, el estatus legal de los estudiantes internacionales es supervisado por el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio, que depende del DHS.
En las últimas semanas, los responsables de muchas universidades se enteraron de que el estatus de residente legal de algunos de sus estudiantes internacionales había sido cancelado cuando el personal universitario revisó una base de datos gestionada por Seguridad Nacional.
