Desde marzo, El Salvador ha aceptado a más de 200 inmigrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos, a quienes funcionarios del gobierno de Trump han acusado de pertenecer a pandillas y cometer crímenes violento
Los principales asesores del presidente Donald Trump y de Nayib Bukele, el mandatario de El Salvador, declararon el lunes que carecen de fundamentos para que esa nación centroamericana envíe de regreso a Estados Unidos a un residente de Maryland que fue deportado por error a una prisión salvadoreña el mes pasado. Bukele calificó la idea de «absurda«, a pesar de que la Corte Suprema estadounidense exhortó al gobierno federal a que «facilite» el regreso de Kilmar Ábrego García.
Los funcionarios del gobierno de Trump enfatizaron que Ábrego García —quien fue enviado a una prisión salvadoreña en la que hay pandilleros encarcelados— es ciudadano de El Salvador y Washington no puede decidir su futuro. Además, Bukele, quien ha sido un socio crucial para la Casa Blanca en sus empeños de deportación masiva, indicó que «desde luego» no lo enviaría de regreso a suelo estadounidense.
«La pregunta es absurda. ¿Cómo puedo contrabandear a un terrorista hacia Estados Unidos?», declaró Bukele a la prensa en el Despacho Oval. «No tengo la autoridad para devolverlo a Estados Unidos».
Si El Salvador quisiera devolver a Ábrego García, Washington «lo facilitaría, es decir, pondría a disposición un avión», apuntó la secretaria de Justicia, Pam Bondi.
Pero «ante todo, él estaba ilegalmente en nuestro país, y había estado ilegalmente en nuestro país», subrayó. «Depende de El Salvador si quieren enviarlo de regreso. No depende de nosotros».
En un documento judicial interpuesto por la noche, Joseph Mazzara, asesor legal general interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), afirmó que el DHS «no tiene autoridad para extraer por la fuerza» a Ábrego García de El Salvador porque se encuentra «bajo custodia nacional de un país soberano extranjero».
Mazarra también argumentó que Ábrego García «ya no es elegible para la suspensión de la deportación» porque Estados Unidos designó a la pandilla MS-13 como organización terrorista extranjera. Los abogados de Ábrego García dicen que el gobierno no ha presentado pruebas de que estuviese afiliado a la MS-13 ni a ninguna otra pandilla.
La negativa de ambos países a permitir el regreso de Ábrego García -quien contaba con una orden de un tribunal de inmigración que impedía su deportación por temor a que fuese perseguido por las pandillas— ha intensificado la disputa sobre el futuro del residente de Maryland. También se produce en un trasfondo de enconadas audiencias judiciales en las que el gobierno se ha negado en repetidas ocasiones a decirle a una jueza qué planea hacer, si es que planea hacer algo, para repatriarlo.
La jueza que lleva el caso, Paula Xinis, sopesa actualmente la posibilidad de conceder una solicitud al equipo jurídico de Ábrego García para obligar al gobierno a explicar por qué no debería ser considerado en desacato.
La disputa en torno a Ábrego García también deja de manifiesto lo crucial que ha sido El Salvador en las operaciones de deportación masiva del gobierno estadounidense.
