Un funcionario destacado de la Administración para el Control de Drogas (DEA) asignado en República Dominicana se encuentra bajo investigación por su presunta participación en un esquema de fraude de visas que habría beneficiado a ciudadanos extranjeros a cambio de pagos indebidos.
De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso, el agente, quien ocupaba un cargo de supervisión en la oficina de la DEA en Santo Domingo, habría facilitado gestiones relacionadas con solicitudes de visas de no inmigrante. Las autoridades investigan si utilizó su posición para influir en trámites consulares dentro de la embajada estadounidense.
Las pesquisas preliminares apuntan a que el funcionario habría mantenido contacto con intermediarios que ofrecían “asesorías especiales” a solicitantes, prometiendo agilizar o garantizar la aprobación de visados. A cambio, presuntamente se habrían recibido sumas de dinero en efectivo, lo que podría constituir delitos federales por soborno y conspiración.
El Gobierno de Estados Unidos indicó que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a cualquier acto de corrupción dentro de sus agencias, especialmente en misiones en el extranjero. Como parte del proceso, se revisan expedientes de solicitudes de visa gestionadas durante el período en que el funcionario estuvo asignado en el país caribeño.
Aunque no se han divulgado todos los detalles del caso, la investigación estaría siendo coordinada por agencias federales estadounidenses, incluyendo unidades internas de supervisión y control. Hasta el momento, no se ha informado sobre acusaciones formales ante un tribunal, pero el expediente continúa avanzando.
Autoridades dominicanas señalaron que colaboran con las indagatorias, subrayando la importancia de preservar la integridad de los procesos migratorios y la cooperación bilateral en materia de seguridad.
El caso ha generado atención tanto en círculos diplomáticos como en sectores migratorios, debido al impacto que podría tener en la confianza pública hacia los mecanismos de otorgamiento de visas y la transparencia institucional.
