La Fiscalía dio un nuevo giro al caso conocido como Operación Cobra, al presentar acusaciones formales contra varios exfuncionarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por presuntamente utilizar un programa social de la institución como mecanismo para canalizar sobornos y desviar fondos públicos.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, los acusados habrían manipulado asignaciones, autorizaciones y desembolsos destinados a beneficiarios vulnerables para dirigirlos hacia personas y centros vinculados a la red. El programa, creado para cubrir servicios prioritarios de salud, habría sido utilizado como fachada para emitir pagos irregulares que terminaban en manos de los implicados.
La estructura funcionaba mediante la aprobación fraudulenta de solicitudes médicas, la alteración de expedientes clínicos y la inclusión de pacientes inexistentes o con procedimientos ficticios, todo con el fin de justificar transferencias económicas que luego eran desviadas. Las autoridades detallaron que parte de esos fondos servían como sobornos internos para garantizar la continuidad del esquema.
Los allanamientos ejecutados en días recientes han permitido incautar computadoras, documentos, teléfonos y registros administrativos que, según el Ministerio Público, fortalecen las evidencias contra los exfuncionarios investigados. Además, no se descarta que nuevas personas sean citadas o incluidas en la acusación.
SeNaSa, por su parte, expresó en un comunicado que está colaborando “de manera absoluta” con la investigación y aseguró que reforzará sus mecanismos de supervisión y control para evitar que programas destinados a la población más vulnerable vuelvan a ser utilizados para fines ilícitos.
La Operación Cobra continúa desarrollándose y se espera que en las próximas semanas la Fiscalía ofrezca más detalles sobre el alcance económico del presunto fraude, así como las medidas coercitivas que solicitará contra los acusados.
