Un informe reciente reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 75,000 personas sin historial criminal durante los primeros nueve meses del mandato del expresidente Donald Trump. La cifra representa un notable incremento en comparación con años anteriores y generó un amplio debate sobre el enfoque migratorio aplicado en ese período.
Según los datos divulgados, las detenciones incluyeron a inmigrantes que no contaban con antecedentes penales y que, en muchos casos, habían vivido por años en Estados Unidos, trabajando, formando familias y manteniendo vínculos con sus comunidades. Activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes denunciaron que la política de arrestos “sin prioridad criminal” provocó temor generalizado y la ruptura de miles de hogares.
El reporte señala que, bajo las directrices establecidas en los primeros meses del gobierno de Trump, ICE recibió la orden de intensificar las operaciones y ampliar el alcance de los individuos considerados “deportables”, incluso aquellos que únicamente tenían faltas administrativas relacionadas con su estatus migratorio.
Funcionarios de ICE defendieron las acciones afirmando que operaron dentro del marco legal y que su misión incluye hacer cumplir la ley de inmigración en todos los niveles. Sin embargo, grupos civiles insistieron en que el drástico aumento de detenciones sin criterios de prioridad generó sobrecarga en los centros de detención y afectó la capacidad de los tribunales migratorios.
El informe continúa alimentando la discusión sobre las políticas migratorias adoptadas en ese periodo y sus efectos a largo plazo en las comunidades inmigrantes en Estados Unidos. Se espera que más organizaciones presenten análisis adicionales en los próximos meses.
