Una reciente auditoría realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) expuso que, durante la pandemia del COVID-19, numerosos empleados del sector público algunos con sueldos que llegaban hasta los RD$900,000 mensuales se beneficiaron de los programas de ayuda social creados por el Gobierno, los cuales estaban destinados exclusivamente a apoyar a ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica.
El informe titulado “Examen Coordinado a los Programas de Ayudas Socioeconómicas implementados durante la pandemia del COVID-19” analizó la gestión de los programas “Quédate en Casa”, “FASE” y “Pa’ Ti”. La auditoría determinó que, si bien el país dispuso de un marco legal e institucional adecuado para hacer frente a la emergencia sanitaria, se detectaron fallas en los sistemas de control, selección y seguimiento de los beneficiarios, lo que permitió irregularidades en la distribución de los recursos.
Según detalla el documento, la Cámara de Cuentas determinó que no se implementaron controles eficientes para impedir que funcionarios públicos con elevados salarios recibieran los subsidios, lo que derivó en que parte de los fondos destinados a los sectores más necesitados terminaran en manos de personas que no cumplían con los requisitos de vulnerabilidad económica.
“La selección de beneficiarios no contó con un proceso de depuración riguroso que asegurara que las ayudas se entregaran únicamente a hogares de bajos recursos, tal como lo establecían los decretos que crearon los programas”, señala el informe de auditoría.
En los anexos del Informe de Auditoría Coordinada a los Programas de Ayudas Socioeconómicas en el marco del COVID-19, la Cámara de Cuentas detalla que entre los beneficiarios de las ayudas se encontraban empleados de diversas instituciones públicas, como el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, la Contraloría General de la República, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, entre otras entidades estatales.
Entre los casos detectados figura el de una trabajadora del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes con un salario mensual de RD$400,000, quien aun así fue inscrita en el programa “Pa’ Ti”, destinado originalmente a trabajadores informales afectados por la pandemia.
Asimismo, el informe menciona a un empleado de la Contraloría General con ingresos superiores a RD$600,000, otro de la Vicepresidencia con RD$300,000, uno del Ministerio de Medio Ambiente con RD$800,000, y un funcionario del Ministerio de Obras Públicas con más de RD$900,000 mensuales, todos incluidos en los listados de beneficiarios.
El documento también señala que, aunque el Gobierno estableció de forma adecuada las instituciones líderes, los criterios de selección y los mecanismos de pago, se detectaron deficiencias en la supervisión y en la evaluación del impacto real de los programas sociales.
En sus conclusiones, la Cámara de Cuentas sostiene que, pese a existir un marco legal sólido y una estructura institucional definida, se evidenció falta de control en la identificación de riesgos, en la selección de beneficiarios y en el monitoreo del desempeño de los programas.
Como parte de sus recomendaciones, el organismo fiscalizador insta al Estado a implementar metodologías e indicadores que refuercen la transparencia y el control en la gestión de fondos públicos durante situaciones de emergencia. Además, solicita a las instituciones involucradas presentar un plan de acción correctivo en un plazo de 25 días calendario, con el objetivo de mejorar la eficacia de los mecanismos de control y garantizar que los recursos lleguen a las personas que realmente los necesitan.
